Por Marcio Pérez
En Pucallpa, la lucha por la tierra no se libra en juzgados ni oficinas públicas. Se disputa a balazos, con dirigentes que se presentan como defensores del pueblo, pero arrastran prontuarios judiciales. El centro de esta nueva ola de invasiones que azota la ciudad se encuentra en el kilómetro 12.700 de la carretera Federico Basadre (C.F.B), donde un predio de 19 hectáreas —revertido al Estado y valorizado en millones de soles— ha sido tomado por dos facciones que disputan su control como si se tratara de un botín de guerra.
El terreno, hoy convertido en campo minado social, es solo la fachada del resurgimiento del tráfico de tierras en Ucayali. Los bandos no se ocultan. Y sus rostros visibles tienen historias oscuras.
Por un lado, Luis Alejandro Sasieta Yomona, trabajador del INPE y viejo conocido del A.H Nueva Soledad – de las invasiones del kilómetro 9.800- , donde fue denunciado por sus propios vecinos por amenazas, despojos y violencia.
Del otro, Hugo Canteño Toles, alias “Kiko”, con antecedentes por homicidio simple y una red de seguidores que lo respaldan desde la sombra.
Ambas fracciones han armado precarias casas con esteras y plásticos. No hay títulos ni propiedad formal. Solo posesión
La ocupación comenzó el 5 de mayo. Más de un mes después, el 20 de junio, se produjo el primer estallido de violencia: testigos reportaron la quema de viviendas, disparos dentro del terreno y el despojo violento de lotes, tanto en las zonas cercanas a la carretera como en sectores más internos del predio. Al día siguiente, la Policía Nacional acudió para realizar una constatación. Los afectados no dudaron en señalar a Sasieta como el presunto responsable de los ataques, vinculándolo con una inmobiliaria local interesada en el terreno.
Ese mismo 21 de junio, tras la salida de los agentes, la tensión subió al máximo. Un grupo vinculado a Sasieta atrapó a Juan Ciro Maldonado Mazanett, alias “Loco Ciro”, y lo linchó brutalmente. Según sus agresores, él —junto a “Kiko”— extorsionaba a los ocupantes, cobraba cupos de tres soles diarios y vendía lotes por mil soles. “Loco Ciro” arrastra una condena por tentativa de robo agravado desde 2013, pero terminó como blanco de una supuesta justicia popular, que lo dejó al borde de la muerte.
Tres días después, en plena festividad de San Juan, Hugo Canteño llegó al terreno acompañado por su abogado, Carlos Valles Araujo —detenido en 2021 por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) por presuntamente integrar la organización criminal “Los Fantasmas del Ucayali”— y con presencia policial. Su objetivo era constatar los hechos ocurridos días antes, pero no lo consiguieron. Un grupo organizado bloqueó el ingreso y frustró cualquier intento de diligencia formal.
El 26 de junio, Sasieta reapareció en escena con una conferencia de prensa. Rebautizó el lugar como “Renacer Intercultural”, negó toda conexión con inmobiliarias y responsabilizó a la facción rival por los disturbios. Según él, su gente solo reaccionó ante la intención de instalar un mercado informal y prácticas extorsivas
Pero el 1 de julio, cuando la Policía intentó retomar la constatación, se repitió el caos. Los ocupantes impidieron el ingreso de los agentes y se desató una breve batalla campal. Tuvieron que usar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. El operativo fracasó una vez más.
Ese mismo día, el abogado Carlos Valles acusó públicamente a Emilio Oroche Ríos —propietario de la inmobiliaria “Grupo E” y candidato a la alcaldía de la provincia de Coronel Portillo— de presuntamente asesorar a Luis Alejandro Sasieta. También denunció haber recibido amenazas de muerte y que recibió llamadas de Juan Márquez Llumi. Según indicó, estos hechos ocurrieron tras asumir la defensa legal de los seguidores de “Kiko” que fueron desalojados del predio en disputa.
Oroche, quien actualmente es investigado por los presuntos delitos de usurpación y secuestro, negó cualquier relación con el terreno en disputa y aseguró que sus proyectos inmobiliarios están debidamente documentados y descartó participar en actividades ilegales.
Por su parte, Márquez Llumi —también investigado por usurpación y con antecedentes penales por tráfico de drogas, homicidio y robo agravado, delitos por los que cumplió condena en el penal de Pucallpa— rechazó haber amenazado al abogado. Admitió haber realizado una llamada telefónica el pasado 24 de junio, pero aseguró que solo fue para consultarle si estaba asesorando a Kiko, comunicación que duro unos segundos, sin intención de intimidarlo.
Hoy, el terreno continúa ocupado. La tensión permanece latente, como si el próximo estallido fuera solo cuestión de tiempo. Nadie ha sido detenido, no hay culpables identificados, En el kilómetro 12.700, la tierra vale millones, pero la vida parece valer poco. Las armas sustituyen a los títulos Mientras tanto, decenas de familias siguen ahí, atrapadas entre dos bandos que se acusan mutuamente y un Estado que, una vez más, llega tarde.
